Miedo a cobrar

2005. Rosúa

La carrera por la milagrosa bufanda que, dotada de todas las bendiciones del Alto Tribunal, parece descender sobre el funcionariado en pleno, la premura con la que sus valedores reparten hojas de reclamación de haberes congelados el 97, hacen creer que la absoluta totalidad de los empleados estatales apoya la

Esto sí que es una bufanda. El oro al peso: Dubai

gestión, la resolución y a los gestores. ¿Cómo no habría unanimidad cuando se trata de puro beneficio?.

No la hay. Existe algún caso que, en pasable posesión de sus facultades mentales, no se apresura a sumarse a la lluvia de solicitudes con que los dos sindicatos se disponen a presentar una victoria que es para ellos múltiple: como beneficiarios financieros en tanto que trabajadores liberados de la Administración, en cuya nómina figuran; como representantes de los que demandan sus atrasos; y como fuerza organizada para monopolizar influencias y sectores de interés y presionar a un Gobierno cada vez más pastueño y despojado de competencias. La extensión financiera del asunto, la brusquedad y astronómicas cifras del insólito planteamiento, le dan, de entrada, un carácter de inconfundible maniobra política que prestigie a los protagonistas de la gestión y les facilite el control durable de feudos oficiales y oficiosos.

Es difícil coger con una mano tan inesperado sobresueldo y estrechar con la otra la de los dos sindicatos, CCOO y UGT, a cuyo apoyo, y al PSOE, se debe la ruina de la Enseñanza Media, el fraude clientelista y presupuestario de la Ley que, en 1990, dio al traste con la posibilidad de un buen sistema estatal democrático y gratuito para implantar el reino del mínimo común denominador, el parvulario y la promoción por fidelidad, capilla y clan.

No compensan el cheque las tornabodas de recortes económicos que forzosamente habrán de seguirle, el populismo fácil que exigirá servidumbres tan inútiles como humillantes, el empeoramiento sistemático de las condiciones de trabajo, la jubilación tardía, la inexistente homologación con el año sabático y demás ventajas de otros profesores europeos. Ni tampoco los guarismos amortizan lustros de silencio ante la injusticia y el abuso deltodos haciendo de todo, según esa globalidad estratégica que ha sido siempre especialidad de grupos de presión alérgicos a la diferenciación no manipulable.

Da miedo el súbito despliegue de energía de aspirantes a tribunos para los que la degradación y la arbitrariedad han sido el medio natural y la garantía de una libertad subvencionada, no por cuotas voluntarias de sus afiliados, sino por el impuesto forzoso extraído de los que no lo son.

Y da bastante más miedo la sumisión a un tejido siciliano de parlamentos y audiencias al estilo de El Proceso, de Kafka, la desaparición del Gobierno en Las Cortes y de la aprobación anual de los presupuestos por representantes de la nación libremente elegidos, y su sustitución por la brumosa dictadura de gobiernos paralelos, de expertos-suele ser su única especialidad-en reuniones, consejos, camarillas, movilizaciones, delegaciones e informes; peritos en la okupación de cargos, licencias, puntos, ediciones, promociones y beneficios; auténtica y oscura Administración dentro de la Administración que ha despojado y segregado a cuantos no le eran afines y ha logrado extender un temor, una reserva y una resignación sin precedentes. En un claustro de profesores de instituto, y ante un tema que concernía a la integración, en un futuro próximo, a un colegio de primaria, alguien, expresando sin duda un sentir bastante general, apuntó: Nosotros somos funcionarios y no podemos decir nada. Que se haya llegado a tal extremo de medrosidad, que las reuniones se vean reducidas a la silenciosa aceptación de imperativos irremediables, da la medida de la profundidad y anchura del desastre y es inseparable de la degradación de docencia y alumnado. Nunca había existido clima de indefensión, desánimo y pasividad semejante, ni con Franco ni con Viriato. Se dice que viene desde la abortada huelga de los ochenta, pero en realidad es el ambiente logse apoyado precisamente por los que ahora quieren, con este golpe de efecto, capitalizar el descontento El entramado de arbitrariedad e intereses, el cultivo de la mediocridad y la envidia, la doblez a la que obliga la fidelidad a supuestos representantes del progresismo y la evidencia de la estupidez normativa han gangrenado a un colectivo profesoral que se distinguió en otro tiempo por la libertad, el espíritu crítico y la respuesta pronta.

Por ello resultan más patéticas las adhesiones de rigor a la campaña en curso. Los mismos dos sindicatos que, no sólo asistieron sin decir palabra a atropellos de mucha mayor envergadura que el contencioso actual, sino que fueron sus fervientes promotores, se presentan como paladines de agraviados. Olvidan sin duda el monumental abuso que representó la imposición del Cuerpo Único y la bolsa indiferenciada, la anulación por decreto de cuerpos profesionales políticamente indefensos, la distribución entre  afiliados y simpatizantes de cargos, especialidades y categorías que anteriormente correspondían a criterios comprobables de calificación, titulación y mérito, el fraude público al que contribuyeron con la oferta de igualitarismo prodigioso y obtención gratuita de diplomas, el inestimable favor que hicieron a la Enseñanza de pago y la miseria cultural a la que puntualmente muestran su apoyo mientras solicitan más fondos, más poder y más independencia de cualquier marco objetivo, superior y legal.

Desde finales del curso pasado, y cara al 2001, se ha llevado a cabo un claro reparto de consignas en vistas a erigirse como representantes de unos funcionarios cuanto más globalizados e indistintos mejor. La fidelidad, en estos casos, suele ser inversamente proporcional al nivel, pero se manifiesta con un sorprendente dominio del protagonismo gregario y con la creación, defensa y loa de los múltiples órganos representativos y actores pedagógicos. Nada tiene de sorprendente, dentro de esta dinámica, la oportunidad estratégica de la actual movilización: Con los almendros, florece la época ideal de conflictos laborales; también la posibilidad de ganar, en una Administración que siempre han considerado suya, fueros indiscutibles, gabelas vitalicias y derecho de pernada sobre oposiciones, nombramientos y leyes. La campaña significa la toma de posesión de zonas que, de hecho, nunca ha dejado de ocupar un privilegiado gremio al que el Gobierno compra, a precio de lujo, discreción y paz social. Como la superposición, sin destituciones, derogaciones ni cambios, de burocracias, organismos y cargos tiene sus límites, asistimos a una escaramuza más para la consolidación de territorio, y en ella se insertan las súbitas urgencias de presentación de impresos para reclamación de atrasos, la paralela captación de afiliaciones, las visitas solícitas de los liberados sindicales, las declaraciones grandilocuentes y el simulacro de llamada a las barricadas.

Tras la agitación de la coyuntura late una cuestión de muy superior calado: la existencia, justificación y futuro de los sindicatos en su forma actual, la transformación, bajo una huera cobertura de verbalismo decimonónico, de lo que eran defensores de salarios y derechos en grupos defensores de sí mismos, la representatividad de masas que ya no tienen ninguna intención de serlo y la exigencia en todos los sectores de calidad, pluralidad y especialización. El actual Gobierno compró la ausencia de ruidosos conflictos y el marchamo democrático a precios incompatibles con la equidad y la eficacia. La factura está resultando, además de ruinosa por la doble contabilidad-clientela del gobierno anterior y de éste-que supone, poco fiable como inversión, puesto que nada parece garantizar la lealtad de los asociados.

Educación ha sido, en este sentido, un ejemplo de manual: Es imposible mantener a la vez el entramado de intereses y puestos de aquéllos que son responsable directos del esperpento planificado en los años ochenta y luchar, simultáneamente, contra él. No siempre es viable, ni aceptable, el compromiso. En este caso es, incluso, un absurdo lógico. Sin hablar, claro está, de justicia, según la cual los autores y colaboradores del caso logse merecen mayor pena que los pintorescos estafadores que se limitaron a desviar los millones por miles. Puede que no sea factible enviarlos a galeras o encerrarlos en mazmorras lúgubres, con textos de la jerga curricular como única lectura, pero, por mucho que el corporativismo entre políticos aconseje el hoy por ti, mañana por mí, es inaceptable mantenerles los virreinatos .Las víctimas seguirán siendo víctimas de cada uno de los que continúan en sus despachos y claman por guardería permanente, mantenimiento de ciclos, infantilización y aprobados automáticos. El aumento de dotaciones y el café con ordenador para todos no implicará mejora académica. Por la ley de las minorías autonómicas, y mientras la defensa de los localismos más risibles sea fuente de poder y subvenciones, se impondrán auténticos despropósitos en Lengua y en Historia. El idílico consenso se traduce en inoperancia, continuismo y timo; porque hay incompatibilidades y opciones ante las cuales se impone la solitaria, impopular y nada placentera toma de decisión, en temas que sólo ofrecen la satisfacción de obrar con rectitud, pero que nada tienen de rentable en votos y no anuncian a corto plazo sino diatribas, protestas y enemistades.

Las primeras propuestas educativas con un asomo de cordura vinieron de la anterior Ministra de Educación, y se encontraron, pese a su timidez, con el ataque en banda de los inversores en situación tan provechosa y con el abandono del Gobierno. No en vano menudearon los chascarrillos sobre su supuesta incompetencia; la estrategia de crear una imagen risible de un político que ha hecho afirmaciones de sustancia no es nueva en el panorama español. La exministra nada pudo hacer, y continuó el hundimiento educativo del que el tendencioso y ridículo aprendizaje de Historia y Geografía o la eliminación de las Humanidades no es sino una de las puntas del iceberg. Como el principio de realidad, pese a todo, aflora y el desastre es difícilmente refutable, los causantes de la Reforma desplegaron la táctica que consiste en copar puestos que les otorguen la aparente categoría de interlocutores sociales, achacar exclusivamente los problemas a insuficiencias de financiación, factores externos y detalles formales, canalizar partidas presupuestarias y cursillos pedagógicos y monopolizar la defensa del progresismo y la democracia asociándola con ellos mismos y con la estructura de la Ley. Paralelamente, hicieron correr la afirmación de la imposibilidad de su derogación y reemplazamiento, independientemente ya de los defectos, a causa de la complicadísima trama jurídica y la red de accesos fulgurantes y nombramientos vitalicios con los que sus autores la blindaron y se blindaron a sí mismos. Añaden a ello la incompatibilidad que existiría entre la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años, que es derecho inamovible, y la modificación de la franja de estudios que corresponde a las edades del bachillerato. Todo esto confluye en un sucedáneo de reforma que, como la últimamente propuesta, mantendría intactos los huevos y haría al tiempo con ellos ciertas tortillas para parche de temas en que la estupidez ha alcanzado rango de notoriedad. El argumento oficial de que conviene no apresurarse a cambiar la normativa porque esto obligaría a hacer lo propio con los libros de texto es, quizás, la página más cómica de este libreto. La Ley del 90 hizo la fortuna de grandes editoriales, algunas muy próximas al partido entonces en el poder; en formato más modesto, proporcionó unas pesetillas a docentes colaboradores en el sofrito pedagógico. Y ahora resulta que hay que invertir causa-efecto y conservar el virus para garantizar la compra de fármacos.

El programa de la actual Ministra no repara en la conveniencia, por esta vez, de empezar la casa por el tejado, de ocuparse en primer lugar del nivel de enseñanza a adolescentes. Es ahí donde se encuentran los problemas de mayor envergadura y la posibilidad de hallar apoyo y tirar hacia arriba del resto. El ataque cerrado al Bachillerato no es casual, porque en esa franja de edad se encuentra el florecimiento irrefutable de la diferenciación. La Enseñanza Media ha sido la carne de cañón de un socialismo que jamás fue, que no se pretendió realmente que fuera y en el que nadie quería vivir. Pero sí vivir a su costa. Lo que se ha vendido como igualitarismo democrático educativo cubre de vergüenza a sus responsables. Es tiempo de reclamar la verdadera igualdad, la de oportunidades en la Enseñanza Pública para los que no tienen posibilidades de otra, el derecho-estamos en las conmemoraciones de Ortega-al elitismo del mérito, la capacidad y el esfuerzo para aquéllos sometidos ahora a la dictadura de los peores, confinados a un ambiente pueril, asfixiados por exigencias burocráticas y abusos laborales de un mandarinato de la Reforma que no es nadie sin tropa a la que reunir y someter a sus exigencias. Se quiere atraer al MEC a generalizaciones primarias, a pantanosos terrenos de consenso donde será imposible mover pie ni mano sin el beneplácito de grupos antagónicos de la individualidad, la profesionalidad y la autonomía. Lo ocurrido con la Educación en España desde los ochenta nos da un ejemplo de la claridad perceptiva de Ortega, porque ni sindicatos ni mayorías pueden decidir el resultado de la suma de dos y dos, la fecha del descubrimiento de América o el ritmo de estudio en Matemáticas o Lengua. No se aprueban las Leyes de Kepler por votación asamblearia, ni se decide por presión sindical que los profesores de Inglés darán clase de Música y los de Griego vigilarán párvulos, ni, por conveniencias de clientela y partido, se coloca a jóvenes que por su edad son de Media en una prolongación de Básica muy justamente llamada ESO.

Antes de agitar pancartas y unirse, bajo la dirección de los atentos mediadores, a las gozosas reclamaciones de atrasos, quizás conviene reflexionar. Porque hay contrapartidas y dependencias y la cálida bufanda puede convertirse en mordaza.

1. Rosúa